Algunas de mis reflexiones sobre responsabilidad

ImatgeUno de los temas que el movimiento 15M puso sobre la mesa fue el de la responsabilidad de las elites políticas y financieras en la gestación de lo que se ha denominado gran depresión. Al grito de “no nos representan”, se dejaba patente que por un lado eran esas élites las que habían consentido, por acción especulativa o por inacción legislativa, la burbuja financiera. Se transmitía además un componente moral de la representación. Y es que esos dirigentes, que acumulaban riqueza y poder, no habían sufrido ninguna consecuencia negativa de sus acciones. ¿Dónde estaba la responsabilidad de nuestros dirigentes sino se recibía ningún castigo por la mala gestión? Y es que es en algunos ámbitos la responsabilidad se diluye tanto que los desastres parecen no tener ningún padre. Me centraré en el sistema político actual para intentar clarificar algunos aspectos que requerirían de una revisión prioritaria si se quiere restaurar la credibilidad de nuestro sistema democrático .

El primer punto hace referencia a la responsabilidad moral y política, aquella que va mas allá del obsoleto debate sobre la imputación, acusación y culpabilidad. Recordar a los partidos y cargos electos que la confianza depositada en ellos por los ciudadanos se puede ver afectada no solo por sentencias firmes judiciales sino comportamientos extrajudiciales no debería ser necesario en un sistema democrático. Pero es que este sistema tiene carencias que la perentoria situación actual convierte en urgentes. No hay verdadera responsabilidad en el hecho de desempeñar un cargo público si en caso de negligencia no hay ninguna vía punitiva que el electorado pueda activar. La actual respuesta de que en caso de imputación debe primar la presunción de inocencia es válida y un pilar fundamental de nuestro sistema de derecho. Sin embargo, esta respuesta solo hace referencia a responsabilidades jurídicas. Ni rastro de la social y política, básicas en la definición conceptual de responsabilidad.

Un segundo punto a analizar es si la afirmación de que los ciudadanos pueden expresar este descontento en las urnas es real en este sentido. El actual sistema de partidos y listas cerradas hace que para el ciudadano castigar a un representante concreto sea imposible. Su vía de castigo mas rápida es votando a otro partido. Esta percepción acentúa el hecho de que las élites se protegen entre sí. No podemos permitirnos un sistema en el que sólo se depuran responsabilidades legales con sentencias firmes. Actos de dudosa legalidad, comentarios que atentan contra los derechos de una parte de la sociedad, conversaciones desafortunadas, comportamientos inapropiados deben de poder ser sometidos a la confianza de la ciudadanía. Para ello los representantes deben saber que de su buen desempeño dependerá su reelección, y no de la oscura confección de unas las listas electorales, algunas veces elaboradas por los mismos cuestionados.

Es necesaria una nueva cultura política si lo que queremos es restaurar la imagen y estabilidad de nuestra democracia. Para implementar esta nueva forma de hacer y relacionarse, ciudadanía y representantes, deben abrir y promover un debate maduro. Hay que revisar los actuales cánones del pacto político-social. Los representantes políticos no sólo gestionan lo público, deben hacer política. Pero los cambios en los usos y costumbres no necesitan sólo de nuevos marcos legales y actuaciones judiciales, son necesarios movimientos claros y contundentes. Temas como listas desbloquedas, circunscripciones electorales, ley de partidos o cambios estaturarios han sido puestos en la agenda por parte de del PSC y otros partidos progresistas en los últimos tiempos. Pero hay acciones que pueden y deben ser acometidas sin dilación, nuestra credibilidad y nuetros votantes (pasados, presentes y potenciales) nos lo reclaman. ¿Quién asume la responsabilidad de retrasar estas actuaciones? Y lo que es más preocupante: ¿Por qué algunos parecen querer postponerlas?